DECRETO 295/2007, de 14 de septiembre, de la Comisión de Expertos para el estudio y deliberación de las cuestiones relacionadas con la reforma del Estatuto de Autonomía y la financiación autonómica.
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejería de Administración Pública y Hacienda |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO 295/2007, de 14 de septiembre, de la Comisión de Expertos para el estudio y deliberación de las cuestiones relacionadas con la reforma del Estatuto de Autonomía y la financiación autonómica.
Según el preámbulo del Decreto 59/2005, de 15 de marzo, por el que se constituye la Comisión de Expertos para el estudio y deliberación de las cuestiones relacionadas con la reforma de los Estatutos y la financiación Autonómica, tras más de veinticinco años desde la aprobación de la Constitución de 1978, hay que realizar un balance positivo en el grado de consolidación del Estado Autonómico, un proceso que ha estado marcado por una profunda descentralización política, en el que las Comunidades Autónomas han ido equiparándose en la asunción de competencias, y que ha venido presidido por dos principios básicos reconocidos en la propia Carta Magna, como son el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así como la solidaridad entre todas ellas.
El principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, encuentra su concreción en su artículo 138, donde se convierte al Estado en garante de su realización efectiva, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español.
El reconocimiento de este principio ha sido determinante para que el desarrollo económico y social para nuestro país en su conjunto y para todas y cada una de las Comunidades Autónomas, garantizando que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no hayan supuesto, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Es decir, los principios de solidaridad e igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado, junto con el reconocimiento del derecho a la autonomía han sido los pilares básicos sobre los que se ha articulado el desarrollo del Estado Autonómico.
Ahora bien, tras el grado de madurez alcanzado, fundamentado sobre los cimientos del amplio consenso que presidió la aprobación de la Constitución, en el momento actual se ponen de manifiesto unos nuevos retos que es necesario afrontar y que demandan una adaptación al nuevo marco político.
En este sentido, pocos años después de que el proceso autonómico se hubiera puesto en marcha, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, con efectos a partir del 1 de enero de 1986, introdujo un nuevo elemento de complejidad en el sistema, y planteó nuevos desafíos a las Comunidades Autónomas. En la CEE, primero, y en la Unión Europea, después, ha regido siempre el principio de que sus miembros son los estados y la estructura interna que éstos posean no afecta a sus relaciones con la UE. Sin embargo, las regiones europeas con más poder también han planteado siempre, especialmente en las últimas décadas, la necesidad de su participación en las decisiones comunitarias.
Junto con la incorporación de España a la Unión Europea, la aprobación de la Constitución Europea, la reforma del Senado, la financiación de las Comunidades Autónomas o la reforma de los Estatutos que están demandando algunas Comunidades Autónomas son aspectos que constituyen nuevos desafíos que es necesario abordar en el marco del diseño del...
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