Decreto 182/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de Programas de Normalización Social para la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2014.
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | ConsejerÍA de Empleo, Mujer y PolÍTicas Sociales |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO 182/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de Programas de Normalización Social para la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2014. (2014040210)
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece en su artículo 7.1 que los poderes públicos regionales ejercerán sus atribuciones con las finalidades primordiales de promover las condiciones de orden social, político, cultural o económico, para que la libertad y la igualdad de los extremeños, entre sí y con el resto de los españoles, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social de Extremadura, en un contexto de libertad, justicia y solidaridad. A tales efectos, se adoptarán todas las medidas de acción positivas que resulten necesarias.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía recoge entre los principios rectores de los poderes públicos la integración de los inmigrantes que viven en Extremadura como objetivo común de las políticas públicas regionales que estará orientado por los principios del mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de derechos y deberes, en el marco de los principios y valores constitucionales.
Por su parte, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura competencias exclusivas en materia de acción social, en particular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social, y en materia de las políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de los inmigrantes, en colaboración con el Estado, y participación en las políticas de inmigración estatales.
Mediante el Decreto del Presidente 18/2014, de 19 de junio, por el que se crea, extingue y modifica la denominación y se distribuyen competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se atribuye a la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales las competencias que en materia de infancia y familia, servicios sociales, migraciones y prestaciones sociales tenía atribuidas la anterior Consejería de Salud y Política Social.
De acuerdo con lo anterior, la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales asume, entre otras, las competencias que en materia de acción social y políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de los inmigrantes figuran en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, correspondiendo a la Dirección General de Política Social y Familia el desarrollo y ejecución de planes y programas dirigidos a la acogida e integración de la población inmigrante así como de programas y actuaciones para la promoción y participación social del pueblo gitano y otras minorías étnicas, tal y como se especifica en el Decreto 139/2014, de 1 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales.
En relación con las competencias que en materia de integración de los inmigrantes asume la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de su Estatuto de Autonomía, éstas se ven reforzadas con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, a través del artículo 2 ter "Integración de los inmigrantes" donde se establece que los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley. Igualmente, dispone que las Administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato. Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.
En el año 2014, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en Extremadura residen 37.322 personas de origen extranjero, de ellas, 19.752 personas de origen extranjero no comunitario, lo que constituye el 1,86 % sobre el total de la población residente en la región.
Como señala el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, la mayor parte de la población de origen extranjero tiene una vida normalizada. Sin embargo, la crisis y, particularmente, el desempleo, tienen consecuencias negativas que generan una profundización de las situaciones de pobreza y exclusión social preexistentes, así como la llegada a esa situación de personas y familias que, antes de 2008, tenían una situación socioeconómica estándar. En este sentido, varios informes de organizaciones de acción social destacan el peligro de que la crisis económica conduzca a una mayor exclusión social de la población inmigrante, que se sume a las manifestaciones de hostigamiento, rechazo y racismo. Entre los problemas principales se encuentran principalmente la falta de perspectivas laborales para las personas en paro, la dificultad para acceder o mantener una vivienda digna, así como las dificultades para la regularización administrativa y para la reagrupación familiar. El mantenimiento de estas situaciones puede conllevar un deterioro de la salud y un aumento de la conflictividad social.
Por otra parte, junto a la población inmigrante, la población gitana constituye un grupo de población de especial vulnerabilidad social. Según los diferentes informes y estudios de las organizaciones sociales y de las administraciones públicas, se calcula que en Extremadura a día de hoy viven alrededor de 15.000 personas gitanas. Como señala la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 respecto a la situación social de este colectivo, el perfil de la población gitana es heterogéneo y diverso; es un error frecuente asociar la pertenencia étnica con situaciones de privación material, exclusión social o autoexclusión. Muchas personas gitanas tienen unos niveles socioeconómicos altos o medios y viven en situación de plena integración en la sociedad. Por otro lado, un grupo amplio de
población gitana ha experimentado notables avances en las últimas décadas, si bien aún acusa, en distintos grados, carencias sociales e inequidades frente al conjunto de la población. Por último, un tercer segmento, minoritario, está compuesto por personas en situación de exclusión social severa y que han experimentado pocos avances en cuanto a su inclusión social. Hay que tener en cuenta que la actual coyuntura de crisis económica y destrucción de empleo en España está teniendo efectos sobre el conjunto de la población, pero especialmente sobre los...
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