Orden de 13 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2012 por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades, aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 7 de febrero de 2013 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.

Rango de Ley:Orden
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:ConsejerÍA de Sanidad y PolÍTicas Sociales
 
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I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 13 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2012 por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades, aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 7 de febrero de 2013 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia. (2017050490)

La Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, ha creado el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), como ente público a quien corresponde el ejercicio de las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.b) del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), corresponde a este Ente Público el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a los servicios o prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El mecanismo para acceder a la protección social encuentra su regulación en el Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, produjo una modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia justificada por la necesidad de adoptar una serie de medidas de ajuste que acelerasen la reducción del déficit y contribuyeran a la sostenibilidad de las finanzas públicas, provocó la necesidad de modificación de la normativa extremeña vigente en dicha fecha.

Como consecuencia de la citada norma, se aprueba el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura, actualmente regulado en la Orden de 30 de noviembre de 2012.

Con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se produce una nueva modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo desarrollo normativo en Extremadura se realizó mediante la Orden anteriormente citada y la Orden de 7 de febrero de 2013 por la que se hacen público los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.

La práctica administrativa en la gestión de los expedientes derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el transcurso del tiempo hace necesaria la modificación de las dos órdenes citadas para adaptarla a una realidad actual y facilitar la gestión administrativa en beneficio de las personas en situación de dependencia.

Teniendo en cuenta la realidad de las prestaciones económicas en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2012 para proceder al abono en un único pago de las cuantías pendientes.

De igual modo, se modifica la Orden de 7 de febrero de 2013 con el objeto de incorporar un conjunto de medidas que afectan a las prestaciones económicas tanto para la determinación de la capacidad económica como para la mejora del contenido de los contratos en los que se formaliza las prestaciones y los sistemas de control de las empresas acreditadas prestadoras del servicio.

Por ello, correspondiendo a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales las competencias en materia de dependencia y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

DISPONGO:

Artículo 1

Modificación de la Orden de 30 de noviembre de 2012 por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades, aplicables a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2012 por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades, aplicables a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera:

"En la Prestación Económica vinculada a la contratación de un servicio de Ayuda a Domicilio, el cuidador profesional no podrá ser cónyuge, ni convivir, ni tener una relación de parentesco de primer o segundo grado por consanguinidad o afinidad con la persona en situación de dependencia.

Se exime el requisito de no convivencia y siempre que no exista la relación de parentesco anteriormente indicada, cuando la persona contratada en el servicio de ayuda a domicilio a través de empresa debidamente acreditada, tuviera un contrato laboral en el régimen especial de empleados del hogar por la jornada laboral no incluida en el contrato del servicio de Ayuda a domicilio. Dicha circunstancia se acreditará en el momento de la aceptación del Programa Individual de Atención mediante presentación del contrato laboral de empleada de hogar, certificado de alta en la seguridad social y certificado de empadronamiento de la trabajadora en el domicilio de la persona en situación de dependencia. En todo caso, deberá contar con la cualificación profesional para poder desempeñar el servicio de ayuda a domicilio".

Dos. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente manera:

"Disposición adicional segunda. Abono de los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

  1. La cuantía adeudada a la persona beneficiaria en concepto de efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, será el importe de la cantidad devengada desde la fecha de efectividad establecida en la resolución por la que se apruebe el Programa Individual de Atención hasta la mensualidad inmediatamente anterior a la fecha de dicha resolución.

    A estos efectos, la fecha de efectividad de la prestación económica para cuidados en el entorno quedará sujeta a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación, o en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado la resolución expresa de reconocimiento de la prestación, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado comience a percibir dicha prestación.

    Sin perjuicio del párrafo anterior, el plazo suspensivo máximo de 2 años no será de aplicación a las personas en situación de dependencia menores de 3 años a fecha de registro de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia o solicitud de revisión de grado o Programa Individual de Atención. Cuando la no aplicación del plazo suspensivo implique el reconocimiento de efectos retroactivos a favor de la persona en situación de dependencia, el importe de los atrasos devengados se realizara en pago único con cargo al nivel adicional.

    Desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, dejarán de producir efectos retroactivos para aquellas personas que a dicha fecha no hayan comenzado a percibir todavía las prestaciones económicas reconocidas a su favor, quienes conservarán, en todo caso, el derecho a percibir las cuantías...

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