LEY 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Presidencia de la Junta |
| Rango de Ley | Ley |
LEY 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía vengo a promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS El 20 de marzo de 1997 fue dada en Madrid la sentencia 61/1997 (B.O.E. n.º 99, de 25 de abril) del Pleno del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Navarra, el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias contra la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reformas del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. A estos recursos se acumulan los interpuestos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Diputación General de Aragón y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña frente al Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
El Fallo del Tribunal Constitucional afirma la competencia plena de
las Comunidades Autónomas en las materias enunciadas en el art.
148.1.3 de la Constitución Española, declarando nula e inconstitucional la mayor parte de los preceptos del TRLS92 a la par que rehabilita con rango supletorio el contenido del TRLS76 y los Reales Decretos Leyes 3/1980 y 16/1981.
Extremadura carece, en propiedad, de legislación autonómica reguladora del régimen urbanístico del suelo. Su acción se ha venido ajustando al marco estatal, condicionando la calidad de las opciones de planificación a la bondad y eficacia del aspecto normativo y de gestión.
No obstante el desarrollo verificado en los últimos años a causa de la inversión en infraestructura, el crecimiento de los sectores de actividad, el impulso a la política medioambiental, y la lectura del modelo regional en el contexto transfronterizo e interior de la Unión Europea, han indicado la necesidad de concretar las exigencias de ordenación de este escenario a través de una imagen legislativa adaptada a nuestra realidad y vocación.
Urge impulsar, en consecuencia, una iniciativa legislativa que afiance el marco de gestión urbanística de los planes. El fondo inspirador de esta iniciativa debe responder al contenido del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, completando la necesaria integridad de un sistema cuya plena operatividad ha de restituirse.
Tiene la presente Ley, en consecuencia, la voluntad de consolidación del marco legal, sin perjuicio de las iniciativas tendentes a la inmediata regulación del régimen urbanístico del suelo de Extremadura, acorde con sus necesidades y características propias de su territorio. De ahí su carácter transitorio, cuya vigencia habrá de culminar en la más breve presentación de aquéllas ante la Asamblea de Extremadura.
El régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del suelo y la regulación de la actividad administrativa en materia de urbanismo en Extremadura se regirá por lo dispuesto en la legislación básica estatal y por el contenido de los siguientes preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, declarados nulos e inconstitucionales por incompetencia estatal a la entrada en vigor de la presente Ley: artículos 2, 3.2a), 3.2b), 3.2d) a 3.2k), 3.3 a 3.6, 4.2, 4.3, 9.2, 10 a 14, 16.3, 18, 20.1.b) en su inciso 'a los Ayuntamientos', 24.2, 27, 28.2 a 28.4, 29, 30.1, 30.2, 30.3 en su segundo inciso 'El Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos, cuyo valor se determinará, en todo caso con arreglo a la señalada reducción del aprovechamiento urbanístico', 30.4, 30.5, 31, 32, 33.2, 34, 35.1, 36.2, 38.2 y 38.3, 39 en su inciso 'mediante solicitud de la correspondiente licencia en el plazo que establezca la legislación urbanística aplicable o, en su defecto, en el de dos meses a contar desde el oportuno requerimiento, si ya se hubiese adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico.
Si faltase sólo para la adquisición del mencionado derecho la realización de la urbanización, la legalización exigirá también el cumplimiento de dicho deber', 40.3, 42.1, 42.2, 42.3, en su segundo inciso 'con la particularidad de que el aprovechamiento susceptible de apropiación se reducirá en un cincuenta por ciento, cuando no se hubiera adquirido ese derecho en el momento de la notificación del incumplimiento', 42.4, 42.5, 43.2, 44, 45.5, 59 a 62, 65.3 a 65.6, 70 a 95, 96.1, 96.3, 97.1 a 97.3, 98, 99, 101 a 103, 104.1 y 104.2, 105, 106, 109 a 111, 114 a 117, 118.3, 118.4, 119 a 123, 124.2, 125, 126.3, 126.4, 127 a 131, 134.2,136.1,137.1 a 137.4,138 a), 139,141 a 149,151 a 153,154.2, 155 a 158,159.1 a 159.3, 160.1, 160.2, 161 a 167, 170.2, 171, 174 a 179, 180.1, 181, 182, 184.1, 185 a 202, 205.2, 205.3, 206.1.a) a 206.1.e), 206.1.g), 206.2, 207 a 209, 211.1, 211.2, 212, 220.1, 221, 227.1 en su primer párrafo: 'En los supuestos de incumplimiento de deberes urbanísticos contemplados en la presente Ley, cuando la Administración actuante no opte por la expropiación, acordará la aplicación del régimen de venta forzosa del terreno', 227.2, 228.1, 228.2, 228.3 en su inciso 'según el aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la tasación', 229 a 231, 233, 234, 236, 242.2 a 242.5, 242.7, 243.3, 244.1 , 244.5, 245.2, 246.1, 246.3, 247 a 252, 253.1, 253.2, 254.1, 254.3, 255.1, 256, 257, 258.1, 259.1, 259.2, 259.4, 260 a 273, 275, 277 a 279, 280.2, 281 a 286, 287.1, 288.1, 290 a 295, 297, 298, 299 en su inciso final: 'Con arreglo a esta Ley', disposiciones adicionales primera a tercera, disposición adicional cuarta, regla 2.ª, disposición transitoria primera, apartados 2 y 4, disposiciones trasitorias segunda a cuarta, disposición transitoria quinta, apartado 2, último inciso: 'En todo caso, como valor mínimo del suelo, se entenderá el resultante de la aplicación del 85 por 100 del aprovechamiento tipo vigente al tiempo de la valoración', y disposiciones transitorias sexta a octava.
SEGUNDA.Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
TERCERA.Dejarán de ser de aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura los preceptos de la legislación urbanística estatal que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
CUARTA.Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias aprobadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
QUINTA.Todos los Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, los Secretarios de las Corporaciones Locales y los Licenciados en Derecho adscritos a los servicios de urbanismo, funcionarios y contratados al servicio de las Administraciones Municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán hacer una declaración de intereses relacionados con las materias comprendidas en la presente Ley, según se regule reglamentariamente.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Diario Oficial de Extremadura.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación esta Ley que cooperen a su cumplimiento, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la hagan cumplir.
Mérida, 23 de diciembre de 1997.
Fl Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA
